La sombra del narco Sebastián Marset sobre el candidato a la alcaldía de La Paz, Xavier Iturralde
La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a encender alarmas en Sudamérica. Pero el caso ya no se limita a la persecución de un capo del narcotráfico. Cada nuevo dato abre una pregunta más profunda: ¿Hasta dónde llegaron las redes empresariales, políticas y financieras que durante años permitieron a Marset operar en la región y con protección política en Bolivia?
El nombre del fiscal paraguayo Marcelo Pecci vuelve a aparecer inevitablemente en esta historia. Pecci fue asesinado en 2022 durante su luna de miel en Colombia, en un crimen que sacudió a toda la región y que investigadores vincularon a estructuras del crimen organizado que él investigaba. El fiscal había participado en casos de narcotráfico internacional y lavado de dinero que conectaban a Paraguay con redes criminales transnacionales. Su asesinato se convirtió en uno de los golpes más graves contra la justicia en América Latina en los últimos años; uno de los implicados fue asesinado en una cárcel de Colombia.
Para investigadores y analistas, el crimen no solo evidenció el poder del narcotráfico, sino también la posible existencia de estructuras de protección política y financiera capaces de blindar operaciones ilícitas de Marset.
El caso volvió a resonar recientemente tras la condena del exsenador paraguayo Erico Galeano, acusado de colaborar con una red criminal vinculada a Marset con empresas fachada. La sentencia reforzó la hipótesis que desde hace años circula entre investigadores: las redes del narcotráfico no operan solas; necesitan entramados políticos, testaferros financieros y empresariales para mover dinero, crear empresas y ocultar activos.
En ese escenario aparecen los supuestos vínculos del candidato a la alcaldía de La Paz, Xavier Iturralde, cuya campaña se presenta como una propuesta de modernización urbana y desarrollo económico. Sin embargo, una revisión preliminar de registros mercantiles y documentos empresariales vinculados a sus compañías ha abierto interrogantes sobre la transparencia de algunas de sus estructuras corporativas en Paraguay.
Uno de los puntos de atención es la empresa (BIT) Bolivian Industrial Technology, registrada en Paraguay y vinculada a proyectos industriales y energéticos con la producción de diésel sintético. Documentos corporativos disponibles públicamente muestran información limitada sobre accionistas, capital social y flujos financieros. Aunque esto no constituye una prueba de irregularidad, expertos en gobernanza corporativa señalan que la falta de claridad en estructuras empresariales puede generar dudas cuando se trata de figuras que buscan administrar recursos públicos.
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Ante el (MADES) Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay tampoco existe un registro público dentro de las empresas que cuentan con licencia para operar y producir diésel en el país.
La coincidencia temporal también ha alimentado especulaciones en círculos políticos y empresariales. Algunos proyectos vinculados a Iturralde en Paraguay comenzaron a estructurarse en un periodo cercano al momento en que Marset se instaló en Bolivia después del asesinato del fiscal Pecci en 2022 bajo identidades falsas, donde logró permanecer durante años sin ser detenido. Investigaciones posteriores han señalado que el narcotraficante habría contado con redes de protección que retrasaron su captura y facilitaron la expansión de sus operaciones.
El patrón es conocido para los investigadores del crimen organizado: empresas fachada legalmente constituidas, estructuras corporativas opacas y redes de testaferros capaces de mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas inmediatas. En ese esquema, las llamadas “empresas fachada” cumplen un papel central para disimular el origen de los fondos y legitimar operaciones financieras.
Aunque no existe evidencia judicial que vincule directamente a Iturralde con las operaciones criminales atribuidas a Marset, su información financiera de presuntos inversionistas extranjeros es muy persuasiva.
En círculos de investigación y seguridad regional, algunos analistas advierten que las redes de testaferros y empresas fachada vinculadas al narcotráfico podrían ser más extensas de lo que se ha revelado hasta ahora, potencialmente involucrando a actores económicos y políticos en distintos países. Si esas conexiones llegaran a confirmarse, las consecuencias podrían sacudir no solo a Bolivia y Paraguay, sino a todo el sistema político regional.
No es normal el caso de Marset y la clase política y empresarial de Bolivia debe ser investigada para determinar cuál era toda su estructura, dicen expertos en criminalística a la televisión de La Paz.
La historia que emerge de este entramado es la de una región donde los límites entre negocios, política y crimen organizado pueden volverse peligrosamente difusos. No se distancian de las elecciones que serán el próximo fin de semana en La Paz, en un sistema donde la ley 018 del régimen electoral prohíbe la financiación de campañas por empresas extranjeras y la ley 249 exige hacer públicas las finanzas electorales.
