Jessica González Herrera, la única afrolatina que ha sido diputada de Cataluña y ahora es concejala de Barcelona
Por Daniel Fernando Mejía Lozano
Especial para América TV Paraguay desde París
Jessica González Herrera llegó a Cataluña desde Barranquilla cuando tenía 16 años. Su recorrido, iniciado en el trabajo comunitario, la llevó primero al Parlamento catalán y después al Ayuntamiento de Barcelona. Allí representa una realidad social que, pese a formar parte de la vida cotidiana de la ciudad, todavía tiene una presencia limitada en sus instituciones.
González, nacida en la capital del Atlántico colombiano en 1989, hizo historia en 2021 al convertirse en la primera —y hasta ahora única— mujer afrolatina en ocupar un escaño en el Parlament de Catalunya. Actualmente es concejala del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona En Comú.
Su biografía conecta dos ciudades portuarias marcadas por la diversidad: Barranquilla, donde nació, y Barcelona, donde construyó su carrera profesional y política. Sin embargo, la concejala se resiste a presentar su trayectoria como una historia individual de éxito. Prefiere definirla como el resultado de una lucha colectiva.
“Soy fruto de la lucha de la población migrante”, afirmó durante una entrevista concedida al periodista Daniel Fernando Mejía Lozano para el canal América Paraguay.
González estudió Ciencias Políticas y de la Administración Pública en la Universidad Pompeu Fabra. También realizó un posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo y posteriormente cursó un máster en Comunicación y Desarrollo en la Universidad de Ohio, Estados Unidos.
Antes de ingresar en la política institucional trabajó como investigadora y coordinadora de proyectos relacionados con la interculturalidad. Entre 2015 y 2019 desarrolló esa labor en el Centro de Estudios Africanos e Interculturales de Barcelona.
Más tarde fue consejera técnica del distrito de Ciutat Vella, uno de los territorios más diversos de la capital catalana. Allí conoció de cerca las dificultades relacionadas con la vivienda, el empleo, la discriminación y la situación administrativa de las personas extranjeras.
Su elección como diputada autonómica en 2021 convirtió aquella experiencia comunitaria en representación institucional. Por primera vez, una mujer afrolatina ocupaba un escaño en el Parlamento de Cataluña.
González considera que su llegada a las instituciones no puede entenderse sin reconocer el trabajo desarrollado durante años por asociaciones, organizaciones antirracistas y colectivos migrantes.
Para ella, su elección no representó únicamente la conquista personal de una mujer colombiana. También significó el ingreso simbólico de comunidades que durante décadas participaron en la construcción económica y cultural de Cataluña sin contar con una representación equivalente en los espacios de poder.
“La población migrante, pese a no estar en las mejores condiciones materiales, siempre participa políticamente y sabe cómo poner sus demandas sobre la mesa”, explicó.
La concejala sostiene que la política no se limita al derecho al voto
También se ejerce desde las organizaciones vecinales, las asociaciones culturales y las redes de solidaridad que acompañan a quienes enfrentan explotación laboral, racismo o exclusión administrativa.
Esa participación, según González, ha permitido que las comunidades migrantes dejen de ser consideradas exclusivamente como destinatarias de ayudas o medidas de control para ser reconocidas como actores capaces de formular propuestas.
Al señalar los desafíos más urgentes, González identifica dos prioridades: El acceso a una vivienda digna y la regularización administrativa.
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Barcelona atraviesa desde hace años una crisis habitacional provocada por el elevado precio de los alquileres, la precariedad laboral y las dificultades de numerosos trabajadores para acceder a una vivienda estable. La situación puede ser todavía más compleja para los migrantes, quienes en ocasiones enfrentan barreras relacionadas con su origen, acento o situación documental.
La falta de regularización también limita el acceso al empleo formal y expone a miles de personas a condiciones laborales abusivas. Para la concejala, ambas problemáticas afectan a las comunidades migrantes, pero también forman parte de una crisis más amplia que golpea a las clases trabajadoras.
Su planteamiento busca conectar estas luchas. Los migrantes no viven al margen de los problemas generales de la ciudad: comparten con otros trabajadores las consecuencias de los bajos salarios, la inseguridad laboral y el encarecimiento de la vivienda.
Junto a las demandas materiales, González destaca una conquista política: El reconocimiento de las personas migrantes como interlocutoras con capacidad para intervenir en el debate público.
“Ser considerados como sujetos políticos con voz propia es uno de los grandes logros que la comunidad migrante ha obtenido en los últimos años”, señala.
Durante mucho tiempo, las instituciones europeas hablaron sobre los migrantes sin permitirles participar directamente en la elaboración de las políticas que determinaban su futuro. Eran presentados como trabajadores, refugiados, beneficiarios o incluso como una amenaza, pero pocas veces como ciudadanos y representantes políticos.
La trayectoria de González cuestiona ese modelo. La adolescente que llegó desde Barranquilla terminó participando en las decisiones del Parlamento catalán y del Ayuntamiento de Barcelona.
Sin embargo, advierte que la representación no puede limitarse a una imagen de diversidad. La presencia de una mujer afrolatina en las instituciones solamente adquiere sentido si contribuye a transformar las condiciones de vida de las comunidades que representa.
La historia de González adquiere una dimensión particular en una Europa donde los partidos de ultraderecha han convertido la inmigración en uno de sus principales argumentos electorales.
El endurecimiento de las fronteras y los discursos que relacionan migración e inseguridad contrastan con la realidad de ciudades como Barcelona, cuyo funcionamiento económico, social y cultural depende en buena medida de comunidades procedentes de diferentes regiones del mundo.
La concejala barranquillera representa otra lectura de esa realidad. Las personas migrantes no solo trabajan y contribuyen a la economía: También construyen ciudadanía, crean organizaciones y pueden ejercer responsabilidades políticas.
Su experiencia demuestra que la integración no tiene por qué exigir la renuncia a los orígenes. González participa en la vida pública catalana sin dejar de reivindicar su identidad colombiana y barranquillera.
Su llegada a la política europea posee un significado especial para millones de latinoamericanos residentes fuera de sus países.
González representa la posibilidad de que las nuevas generaciones migrantes no sean vistas como visitantes permanentes, sino como integrantes plenos de las sociedades en las que viven. Su recorrido abre un debate sobre ciudadanía, pertenencia y representación en un continente cada vez más diverso.
