Colombia y la mano negra que opera la dirección financiera de la Cancillería: Maryory Pabón, cónsul víctima de montaje
Por: Daniel Fernando Mejía Lozano.
Corresponsal Internacional en Francia.
Una sucesión de publicaciones sobre el fallido consulado colombiano en México ha situado a la exfuncionaria Maryory Pabón y al anterior Gobierno en el centro de la controversia. Sin embargo, documentos oficiales y testimonios diplomáticos revelan una trama de decisiones administrativas y presupuestales que no se explica únicamente por las acusaciones difundidas desde el 3 de noviembre por Julio Sánchez Cristo quien además descalificó categóricamente a la excónsul sin pruebas aparentes.
«Consulado de papel»
El escándalo del llamado «consulado de papel» en Tijuana ha trascendido las presuntas irregularidades de una representación diplomática que nunca abrió sus puertas. Desde el 3 de noviembre, una sucesión de publicaciones en medios colombianos ha concentrado los cuestionamientos en Maryory Pabón, excónsul designada durante el Gobierno de Gustavo Petro. Pero detrás de los titulares sobre salarios, contratos y gastos aparece una responsabilidad institucional mucho más amplia: La de una Cancillería que creó una oficina, designó a su responsable y no consiguió garantizar los recursos necesarios para ponerla en funcionamiento.
La investigación inicial de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, difundida en el entorno del programa de Julio Sánchez Cristo, reveló pagos superiores a USD 153.000 y obligaciones inmobiliarias de una sede que nunca prestó servicios permanentes. Los hechos justificaban el escrutinio público. Sin embargo, la posterior circulación del caso en Cambio, El País, El Espectador, Portafolio y El Nuevo Siglo contribuyó a instalar una interpretación centrada en la exfuncionaria y en las decisiones del anterior Ejecutivo.
La repetición de una misma información desde el 3 de noviembre en la prensa colombiana no equivale a nuevas pruebas y tampoco tiene un contraste de fuentes. Todos repiten el guion de Julio Sánchez Cristo y entonces se podría decir que existe una campaña de desprestigio y de manipulación informativa orquestada aparentemente por el hoy declarado defensor de la libertad de prensa, Abelardo de la Espriella, quien en campaña hostigó y ataco a más de 160 periodistas.
Parte de las publicaciones retomó hallazgos originales de Caracol Radio; otras incorporaron antecedentes judiciales, actuaciones de organismos de control o declaraciones gubernamentales. El resultado fue una amplia exposición de Pabón, mientras las responsabilidades de las dependencias financieras y administrativas seguían sin esclarecerse completamente. No obstante desde el equipo investigativo de Le Journal Diplomatique pudimos establecer que al interior de la cancillería de Colombia hay un presunto carrusel de contratación, liderado por funcionarios administrativos de bajo perfil y oscuros vínculos del pasado con organizaciones políticas cercanas a Abelardo de la Espriella como es el caso de Johanna Amparo Morales González, quien trabajó antes de la cancillería en la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, con María Mercedes Perry, liquidadora de DMG y muy cercana a Abelardo de la Espriella, la señora Johanna Morales fue la piedra en el zapato para que el consulado de Tijuana funcionara para miles de colombianos que necesitan el servicio consular, sin embargo ningún medio habla de ella.
El documento más significativo para comprender el fracaso de Tijuana fue publicado antes del escándalo. El 27 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció oficialmente que la creación del consulado había involucrado diferentes dependencias, estudios inmobiliarios y actuaciones administrativas previas al nombramiento de Pabón.
La Cancillería admitió que se habían examinado seis alternativas de inmuebles, adelantado trámites tecnológicos y realizado gestiones para habilitar la sede. También reconoció que no se había concretado la asignación presupuestal necesaria para su apertura.
Estos hechos cuestionan cualquier explicación que presente el proyecto como una operación exclusivamente atribuible a la ex cónsul. El expediente corresponde a una actuación del Estado, sometida a decisiones de planificación, contratación, financiación y supervisión.
Fernando García, exembajador colombiano en México, confirmó públicamente que Pabón había adelantado gestiones para instalar el consulado. Rosa Villavicencio, excanciller, situó parte de las responsabilidades de la no apertura en las dependencias consulares y financieras, donde está la señora Morales, amiga de María Mercedes Perry. Luis Gilberto Murillo, también excanciller, advirtió que no se había respetado la secuencia administrativa aconsejada para abrir una oficina diplomática, ante estas declaraciones está claro que los verdaderos responsables de que el consulado de Tijuana no funcione están trabajando en la cancillería, aunque los medios no los mencionan, solo para el consulado de Colombia en Caracas giraron un millón de dólares.
El exembajador Moisés Ninco, a quien Julio Sánchez Cristo le colgó el teléfono en plena entrevista y no lo dejo hablar, fue más lejos y denunció lo que consideró un sabotaje contra el proyecto de Tijuana, un sabotaje tal vez con apellido Morales.
La dimensión política del caso se hizo evidente el 5 de noviembre, cuando la nueva Cancillería, bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, presentó los problemas del consulado como una herencia de los cuatro años de Petro. El mensaje oficial abandonó el lenguaje técnico y convirtió un expediente administrativo en un reproche al anterior Gobierno. La situación de los migrantes que requieren con urgencia el consulado de Tijuana quedo bajo la sobra de Trump, el ídolo de Abelardo. Hoy los colombianos que necesiten ayuda en Tijuana no la van a tener de nadie solo les espera el ICE, una cárcel, deportación o los coyotes para perder la vida en el desierto.
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La cronología permite identificar un patrón de amplificación mediática
Una investigación original de Caracol manipulada con una estrategia clara de desprestigio, su reproducción en distintos medios, con el mismo guion, nuevas acusaciones personales y una interpretación gubernamental que responsabiliza políticamente a la administración anterior. Es evidente que existe una coordinación deliberada entre las redacciones de los medios que pertenecen a grupos económicos en Colombia que buscan sepultar a Petro.
Pabón en medio de la campaña de desprestigio aún guarda silencio y cuestiona la imparcialidad de algunas fuentes utilizadas en su contra como los ataques contra el exembajador de Colombia en México y la excanciller Villavicencio en Caracol Radio. Sus señalamientos merecen ser examinados, incluida la presunta existencia de una disputa legal con una de las denunciantes que se hizo pasar por funcionaria del consulado para entrar en la sede en adaptación.
La controversia conduce inevitablemente a la estructura administrativa y financiera de la Cancillería. La apertura de un consulado exige autorizaciones presupuestales, procedimientos contractuales y decisiones que exceden las competencias individuales de quien ha sido designado para dirigirlo.
Entre los nombres mencionados en los cuestionamientos aparece Johanna Amparo Morales González, funcionaria cuya eventual participación en las decisiones financieras de Tijuana requiere aclaración.
La controversia ha desplazado otra realidad
Colombia proyectó abrir el consulado en una de las regiones migratorias más complejas de América del Norte. En noviembre de 2024, dos colombianos murieron en un episodio de violencia en Tecate, Baja California, que involucró a integrantes de la Guardia Nacional mexicana. En marzo de 2026, la prensa mexicana documentó la desaparición de tres ciudadanos colombianos en Tijuana y Playas de Rosarito.
Durante 2026, las autoridades de Baja California también informaron sobre operaciones contra organizaciones dedicadas al secuestro y extorsión de migrantes. Estos antecedentes confirman la necesidad de mecanismos eficaces de protección consular, aunque no todos los casos correspondan específicamente a víctimas colombianas.
La ausencia de una representación permanente dificulta la atención cercana de ciudadanos que necesitan asistencia documental, acompañamiento institucional o coordinación con autoridades mexicanas.
Determinar las responsabilidades de Pabón corresponde a las autoridades competentes
Establecer por qué la Cancillería no consiguió abrir una oficina que había considerado necesaria exige una investigación más amplia, que incluya a quienes diseñaron, autorizaron, supervisaron y financiaron el proyecto.
Porque el verdadero alcance del caso no se mide solamente en los 153.000 dólares pagados a una funcionaria. Se mide también en las decisiones de un Estado que proyectó una representación consular, no logró materializarla y dejó sin resolver una necesidad de protección para sus ciudadanos en la frontera entre México y Estados Unidos.
