«El eco social que exige respuestas y reclama justicia»
Albita Neira
Activista social
CEO Fundación Mujer Mariposa
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En la era digital, las redes sociales han transformado profundamente la forma en que las personas se comunican, interactúan y se organizan en torno a problemáticas sociales. Estas plataformas han pasado de ser simples medios de entretenimiento y relacionamiento de contactos a ser herramientas fundamentales para el activismo, la denuncia y el acceso a la justicia.
Muchas víctimas sienten que los canales institucionales no siempre responden con la rapidez necesaria. En casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las denuncias pueden enfrentar obstáculos como la burocracia, la falta de seguimiento o incluso la revictimización. Ante esa realidad, las redes sociales se convierten en un espacio donde las víctimas encuentran una audiencia inmediata.
En contextos donde las estructuras tradicionales resultan ineficaces o inaccesibles, las redes sociales se convierten en espacios que amplifican voces, visibilizan injusticias y generan presión para la acción colectiva e institucional.
Hablemos del caso de Paula Fajardo Melgarejoen México quien pasó seis años guardando silencio hasta el 30 de mayo de 2026, el día que publicó en Facebook videos, grabaciones de cámaras de seguridad de su propio domicilio en Cuernavaca, Morelos, donde se ve a su exesposo, José Francisco “N”, golpearla, jalarla del cabello, darle patadas en insultarla en ocasiones con sus hijos menores de edad en la misma habitación.
En Morelos, en lo que va de 2026, las agencias del Ministerio Público han recibido alrededor de 2.000 denuncias por violencia familiar. El caso de Paula expuesto públicamente en Facebook se convirtió, en cuestión de horas, en el rostro más visible de esa estadística.
Aquí está la respuesta a tan solo un día de hacerse público el caso tras la presión y los miles de réplicas de cientos de cibernautas en apoyo a Paula: «La Secretaría de las Mujeres informa que, en relación con el caso de Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo, se activaron de manera inmediata los servicios de atención integral, brindando contacto directo con la víctima y ofreciendo acompañamiento jurídico e institucional».
En Colombia mencionamos uno de los casos de presión social digital en los últimos meses el del “Movimiento Me Too” en el que varias periodistas reconocidas en el ámbito nacional por pertenecer a canales como Caracol y RCN publicaron testimonios de presunto acoso sexual; en donde se revela una violencia endémica y a menudo impune.
La situación se conoció el 20 de marzo de 2026 por un comunicado del medio de comunicación. La cadena intentó proteger los nombres de los denunciados en el comunicado donde relatan los hechos, pero en menos de una hora, imparable ya circulaban sus nombres en las redes sociales: Jorge Alfredo Vargas, el presentador del noticiero de prime time, y Ricardo Orrego, jefe de deportes.
Lo que nadie esperaba fue el efecto dominó que siguió a esas denuncias y la presión ejercida en medios digitales. En Colombia donde la impunidad en casos de acoso y abuso sexual supera el 90 % según la Fiscalía, se multiplicaron las denuncias. Rápido el fenómeno toco a Caracol: se hablaba de acoso en los periódicos El Espectador y El Tiempo, y en la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), el sistema público de medios. Las denuncias no venían sólo de becarias. Periodistas conocidas publicaron sus vivencias que datan de hace más de 10 años y que no denunciaron por temor. Todo esto rápidamente se viralizo y en corto tiempo la fiscalía abrió canales especiales de recepción de denuncia y fortaleció investigaciones que llevaban años sin avances significativos.
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¿Por qué las denuncias en redes sociales se han convertido en una herramienta tan poderosa para exigir justicia?
Hay varias razones sociales, institucionales y humanas detrás de este fenómeno. Primero, porque muchas víctimas sienten que los canales institucionales no siempre responden con la rapidez necesaria. En casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las denuncias pueden enfrentar obstáculos como la burocracia, la falta de seguimiento o incluso la revictimización. Ante esa realidad, las redes sociales se convierten en un espacio donde las víctimas encuentran una audiencia inmediata.
Segundo, porque las redes tienen la capacidad de amplificar una historia en cuestión de horas. Lo que antes podía quedar limitado a un expediente judicial o a una denuncia local, hoy puede llegar a millones de personas. Esa visibilidad genera presión social sobre las autoridades, los medios de comunicación y los responsables políticos para que actúen.
Tercero, porque el activismo digital crea comunidad. Una víctima que denuncia públicamente deja de sentirse sola. Otras personas comparten su historia, expresan solidaridad y ayudan a mantener vivo el reclamo de justicia. En muchos casos, esa red de apoyo resulta fundamental para que las víctimas continúen con sus procesos judiciales.
Las redes sociales se han convertido en una respuesta ciudadana frente a la desconfianza institucional. Cuando la sociedad percibe que un caso grave no recibe la atención que merece, utiliza las herramientas digitales para ejercer vigilancia social. Es una forma de decir: «Estamos observando y exigimos respuestas».
Las redes sociales no se han convertido en tribunales porque la sociedad así lo haya decidido, sino porque en demasiadas ocasiones las víctimas sienten que deben gritar públicamente para ser escuchadas. El activismo digital surge allí donde el silencio institucional amenaza con convertirse en impunidad.
La justicia debe fundamentarse en pruebas, investigaciones y garantías procesales. Si una persona fuera condenada únicamente por lo que circula en redes sociales, existiría el riesgo de cometer errores, difundir información falsa o vulnerar derechos fundamentales. Por eso, la responsabilidad de determinar culpabilidades corresponde a jueces y autoridades competentes.
¿Por qué una publicación viral en muchos casos logra movilizar a las autoridades más rápido que una denuncia formal presentada por una víctima?
El activismo digital no surge porque las redes sociales sean más poderosas que la justicia. Surge porque, en demasiadas ocasiones, la justicia llega tarde. Cuando las instituciones fallan en proteger a las víctimas, la ciudadanía convierte las plataformas digitales en un mecanismo de presión social para exigir respuestas inmediatas.
